EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SU NEGACION POR LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL CINTURON, CASCO, CHALECO REFLECTIVO Y CHAPA POR LA CABEZA DEL MOTOCICLISTA

http://youtu.be/Unb8pi46s8w

| EDICION IMPRESA | Domingo, 23 de Septiembre de 2012

Reclama judicialmente el derecho de que no le obliguen a usar el cinturón

Un automovilista denunció ante la Fiscalía a una jueza de Faltas, que le multó por no usar el cinturón de seguridad. La denuncia fue desestimada, pero apeló el fallo, ampliando la denuncia contra el fiscal y la magistrada.

Por Raúl Ramírez Bogadorramirez@uhora.com.py¿Hasta qué punto llega la libertad de una persona? Según Bill Eugenio Rafael Samudio Bazán, un topógrafo que asegura “luchar por la libertad”, es hasta tener el derecho de elegir “si querés morir o no”.Samudio Bazán fue multado el 3 de julio pasado con la suma de G. 255.112, por un agente municipal, debido a que no usó el cinturón de seguridad al conducir su automóvil. Apeló ante la jueza de Faltas de la Comuna de Asunción, que ratificó la sanción.Sin embargo, Samudio fue más allá. Planteó ante el fiscal Luis Clyde Muniagurria una denuncia contra el policía de tránsito Francisco Ortiz, la jueza de Faltas, Rita García Aguayo y su secretario Daniel Casco, por el delito de violación del orden constitucional.El agente del Ministerio Público requirió desestimar el caso. La jueza de Garantías, María Griselda Caballero admitió el pedido, y ahora, el topógrafo apeló la resolución. Denunció al fiscal, a la magistrada y hasta al actuario, Vicente Rodríguez.

UN LIBRO. “Soy un hombre que lucha por la libertad. Tengo un libro escrito: Manual del Hombre libre”, señala el automovilista, alegando que no le pueden obligar a usar el cinturón de seguridad.

“Estamos en democracia donde la libertad es el principal factor de sobrevivencia y te exigen con multa colocarte el cinto de seguridad. Esta es tu libertad, no le afectás a terceros por no ponerte el cinto de seguridad”, refiere.

“Si te chocan y te morís, es tu culpa. No te pusiste gua’u el cinto. A veces porque te ponés el cinto, morís. Entonces vos sos el culpable de haberte puesto el cinto”, remarca.

“Entonces, esa conducta que no afecta el derecho de terceros se llama nuestra libertad pública y la autoridad no nos puede decir qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer”, argumenta.

“Yo hago una denuncia en la Fiscalía, pero al fiscal (Muniagurria) se le perdió el concepto de libertad. Yo denuncio la violación del orden constitucional, artículo 137 de la Constitución y alego el artículo 269 del Código Penal, que es la transcripción del 137, que pena hasta con 10 años de cárcel al que viola este orden”, asegura.

Afirma que el fiscal Muniagurria no citó siquiera sus argumentos para pedir la desestimación de la causa. “Se le perdió el derecho natural a la libertad, y la convirtió en personas innominadas sobre hecho atípico. La libertad no tiene sentido, y esto fue admitido por la jueza Caballero”, apunta.

En su apelación, patrocinada por la abogada Patricia Vargas Talavera, insiste en que la libertad no es una persona innominada. Habla de los filósofos, de la intimidad.

“La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás”, acota.

Su argumento se basa en que la ley de tránsito va contra el orden constitucional, porque el que use o no el cinturón de seguridad está exento de la autoridad pública. El caso es bastante llamativo y hace una reflexión sobre si esta es la verdadera libertad.

CON AMPARO PUDO USAR PELO LARGO EN LA ERA STRONISTA

Según refiere Bill Samudio Bazán, en el año 1968, cuando tenía 24 años, “existía en la dictadura de Stroessner la denominada ‘Operación Tijera’, donde la Policía agarraba a los jóvenes, les llevaba a la peluquería y se les pasaba la maquinita en el medio. Les hacían una ruta en la cabeza. Entonces yo me dejé crecer el cabello y salí a la calle. Cuando me quisieron agarrar, me defendí y me escapé de ellos. Presenté luego un amparo. En aquel tiempo, un diario colocó así el titular: ‘Insólito, melenudo se escuda en la Justicia’. Ahora, estamos en el mismo caso. En tiempos de Stroessner yo tuve la suerte de que había un juez con huevos, Bedoya se llamaba. Y gracias a ese juez, yo tenía 99 a 1 contra el dictador y gracias a ese juez, ese 1 %, me dio mi derecho a la intimidad”, dice.

 

OBJETO: Interponer recurso de Apelación

SEÑOR JUEZ:

            BILL EUGENIO RAFAEL SAMUDIO BAZAN, paraguayo, casado con CI N° 249005, con domicilio en Guillermo Arias 1155 c/ De la Conquista de esta Capital, bajo patrocinio de abogada a V.S. digo:

            Que vengo a interponer Recurso de Apelación, en mi carácter de víctima del hecho punible de violación de mi libertad garantizada por los artículos 9 y 33  de la CN gracias a la  Violación del Orden Constitucional Art 137 CN y el art. 269 de CODIGO PENAL, por parte del Policía Municipal de Tránsito FRANCISCO ORTIZ y sus cómplices y encubridores que hasta ahora son los siguientes

1.- RITA GARCIA AGUAYO  ABOGADA       JUEZ DE FALTAS MUNICIPALES

2.- D. L. MELAGAREJO CASCO  ABOGADA                                SECRETARIA

3.- LUIS MUNIAGURRIA  ABOGADO                                       AGENTE FISCAL

4.- GRISELDA CABALLERO ABOGADA         JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

5.-VICENTE A. RODRIGUEZ A.                                                      SECRETARIO

, contra el AI N° 868 de fecha 10 de setiembre de 2012 dictada por el Juez Penal de Garantías n° 9 Abog. MARIA GRISELDA CABALLERO y su actuario Abog. VICENTE A. RODRIGUEZ A.  en la causa “PERSONA INNOMINADA S/ HECHO ATIPICO”. N° 1-1-2-1-2012-5389, conforme a los fundamentos que paso a exponer:———————————————————-

La libertad no es una “persona innominada”,  es un derecho natural y fundamental consagrado en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa y consagrada como garantía constitucional por la Constitución de la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de Febrero de 1989, sancionada el 20 de junio de 1992, quieran o no el POLICIA MUNICIPAL, LA JUEZA DE FALTAS Y SU SECRETARIA QUE SON ABOGADAS, EL AGENTE FISCAL QUE ES UN ABOGADO, EL A-QUO QUE ES ABOGADA Y SU SECRETARIO QUE ES ABOGADO.———————

Como explicaré a continuación MI LIBERTAD ESTA EN MANOS DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES, es por ello que no conocen el derecho natural y fundamental a la LIBERTAD, al punto de confundirla con “PERSONA INNOMINADA”.

Sin embargo conforme con el Código Civil, los ciudadanos debemos conocer la Ley y en especial la ley mayor la CN, y su desconocimiento no puede ser un impedimento para su cumplimiento.

LA LIBERTAD EN LOS FILOSOFOS

En la exposición de su teoría Kant previenenos constantemente contra un mal. La libertad ética, afirma él, no es un hecho, más un postulado. NO ES UN DON DE LA NATURALEZA HUMANA, ES ANTES UNA TAREA Y LA MAS ARDUA TAREA QUE EL HOMBRE PUEDE IMPONERSE A SI MISMO.

No es dada más pedida, es un imperativo ético.

Realizar este pedido tornase especialmente difícil en tiempos de crisis social, cuando el derroque de toda la vida pública parece inminente.

 En esas ocasiones el individuo comienza a sentir una profunda desconfianza en sus propios poderes.

La libertad no es innata al hombre. Para poseerla tenemos que crearla.

Si el hombre siguiera sus instintos naturales, no lucharía por la libertad, escogería antes la dependencia.

Es mucho más fácil depender de los otros de que pensar, juzgar y decidir por nosotros mismos.

Eso explica el hecho de que tanto en la vida particular como en la vida política la libertad es tantas veces considerada más un encargo de que un privilegio. Sobre condiciones extremadamente difíciles el hombre intenta libertarse del encargo.

Los nuevos partidos políticos prometen por lo menos una fuga al dilema. Suprimen y destruyen el propio sentido de la libertad, más en compensación libertan al hombre de cualquier responsabilidad personal.

“A un mercenario Alemán que me intentaba explicar la situación de su país después del advenimiento de Hitler, relata Stephen Raushenbush, transmití mi sentimiento de que alguna cosa de mucho valor se tendría perdido con la pérdida de las libertades políticas. Replicó él: Más usted al final no comprendió nada. Antes de esa situación teníamos que preocuparnos por elecciones, partidos,votos. Teníamos responsabilidades. Mas ahora todo eso se acabó. Ahora somos libres.”

 

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

 

“Que la única finalidad por la cual EL PODER puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien , físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE, PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA DIFERENTE. ”

John Stuart Mill

LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL EN LAS LUCHAS LIBERTARIAS

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO (1789)

 Artículo 4.La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 16.Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD EN LA CONSTITUCION DEL PARAGUAY

CONSTITUCION NACIONAL

                               DE LA LIBERTAD

 

Artículo 9.-        DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

 

                    Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.

                    Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni  privado de lo que ella no prohíbe.

 

Artículo 33.-       DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

 

                    La intimidad personal y familiar, así como el respeto  a la vida privada, son inviolables. lA CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN TANTO NO AFECTE AL ORDEN PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY O A LOS DERECHOS DE TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE LA AUTORIDAD PÚBLICA.

                    Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.

LA PROTECCION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN LA CONSTITUCION DEL PARAGGUAY

Artículo 137.-       DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta; los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y      ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

                     QUIENQUIERA QUE INTENTE CAMBIAR DICHO ORDEN, AL MARGEN DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN ESTA CONSTITUCIÓN, INCURRIRÁ EN LOS DELITOS QUE SE TIPIFICARÁN Y PENARÁN EN LA LEY.

ESTA CONSTITUCIÓN NO PERDERÁ SU VALIDEZ SI DEJARE DE OBSERVARSE POR ACTOS DE FUERZA O FUERA DEROGADA POR CUALQUIER OTRO MEDIO DISTINTO DEL QUE ELLA DISPONE.

CARECEN DE VALIDEZ TODAS LAS DISPOSICIONES O ACTOS DE AUTORIDAD OPUESTOS A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONSTITUCIÓN.

LA PROTECCION DE LAS GARANTIAS CONSTTITUCIONALES EN LA LEY

 

CODIGO PENAL

Articulo 269.- Atentado contra la existencia del Estado

1. EL QUE INTENTARA LOGRAR O LOGRARA, MEDIANTE FUERZA O AMENAZA DE FUERZA, MENOSCABAR LA EXISTENCIA DE LA REPÚBLICA O MODIFICAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL, SERÁ  CASTIGADO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE DIEZ AÑOS.

2. En casos menos graves la pena privativa de libertad será  de uno a diez años.

ASIMISMO, SI UN JUEZ TUVIERA QUE APLICAR LAS DISTINTAS NORMAS QUE INTEGRAN EL DERECHO POSITIVO NACIONAL, DE ACUERDO CON EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS MISMAS, AL ENCONTRARSE CON UNA COLISIÓN ENTRE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y UNO LEGAL, HARÍA PREVALECER AL PRIMERO. ES DECIR, EN LA PRÁCTICA EL RESULTADO SERÍA EL MISMO: LA INAPLICABILIDAD DE LA NORMA INFERIOR AL CASO CONCRETO SOMETIDO A JURISDICCIÓN.

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PARAGUAY

Luis Lezcano Claude

Ley 1562-2000

CAPÍTULO III

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO DE DERECHO 

Artículo 41.- DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN. En las causas en que intervenga, el Ministerio Público velará por la primacía de la Constitución y por la efectiva vigencia de todos sus principios y normas, así como por el respeto de las garantías y derechos en ella establecidos, utilizando todos los recursos y las acciones reconocidas por la ley. 

Artículo 77.- OBJECIÓN. El funcionario que reciba una orden que considere contraria a la ley, manifiestamente arbitraria o inconveniente, lo hará saber a quien emitió la instrucción, en dictamen fundado. Este último, si insiste en la legitimidad o conveniencia de la instrucción, la remitirá junto con la objeción al superior jerárquico inmediato, quien decidirá. 

 

LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD DEFINIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

 

“Se precisó que la intimidad se proyectaba en dos dimensiones: como secreto de la vida privada (sentido estricto) y como libertad (sentido amplio). La primera dimensión ofrecería la visión tradicional de la intimidad marcadamente individualista y portadora de facultades de exclusión de signo negativo.

La segunda, confería a la intimidad el carácter de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para enfrentar las amenazas que en un mundo moderno se cierne sobre ella. Concluye la Corte…”

Corte Constitucional de la República de Colombia

 

 

 

LA LIBERTAD EN MANOS DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES

 

LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS ES LA RELACIÓN ENTRE PRINCIPAL Y DEPENDIENTE

 

CN

Artículo 104.-      DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS

 

 LOS FUNCIONARIOS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, INCLUYENDO A  LOS DE ELECCIÓN POPULAR, LOS DE ENTIDADES ESTATALES, BINACIONALES, AUTÁRQUICAS, DESCENTRALIZADAS Y, EN GENERAL, QUIENES PERCIBEN REMUNERACIONES PERMANENTES DEL ESTADO, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los  quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo.

 

LEY 1626

El trabajo del funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado.

 

LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA               :                                       
El trabajo en relación de dependencia es un Trabajo Dirigido, el trabajador esta bajo la dirección del ESTADO, pone a su disposición su fuerza de trabajo y como contraprestación recibe una remuneración. El trabajador dependiente se caracteriza por: ser una persona física y trabajar en una organización ajena.
La relación de dependencia se caracteriza por la SUBORDINACIÓN, y se manifiesta en tres sentidos:
1-Dependencia o Subordinación Jurídica: es la principal característica para configurar la dependencia, consiste en la posibilidad jurídica del ESTADO de dirigir la conducta del trabajador hacia el objetivo del bien común. Así el trabajador se encuentra sometido a la autoridad del ESTADO.
2-Dependencia Técnica: el trabajador somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el ESTADO. Esta subordinación es mas amplia con respecto al trabajador poco calificado y menor con relación al trabajador mas calificado.
3-Dependencia Económica: el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del ESTADO a cambio de una remuneración

 

LA DEPENDENCIA DE LOS JUECES

 

La exigencia de la “debida” fundamentación de los fallos judiciales tiene en mira no sólo la necesidad de garantizar los intereses de las partes en el proceso —en particular del vencido, a quien se le debe explicitar las razones que justifican su derrota en el pleito —, como de facilitar el control de la alzada sobre el decisorio recurrido (función endoprocesal); sino que trasciende ese marco para convertirse en uno de los pilares básicos del Estado de derecho y del sistema republicano de gobierno, que fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios que los practican, exige que se conozcan las razones a que obedecen sus decisiones, a fin de posibilitar el control de la comunidad (función extraprocesal) (2). El proceso mental que tiene sede en el intelecto del juez que resuelve la causa, debe ser exteriorizado en la fundamentación de la sentencia, en virtud de tal exigencia constitucional, expresamente contemplada en los ordenamientos. La “debida” fundamentación de las decisiones judiciales viene, así, a posibilitar y garantizar el control democrático difuso de las mismas.

Dice el doctor Olsen A. Ghirardi que “Toda sentencia debe estar fundada, so pena de nulidad. He aquí un apotegma que ha logrado afirmarse en la casi totalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos. Y cuando se dice ‘fundada’ se supone que se significa ‘bien fundada’ desde el punto de vista legal y lógico”. Los principios lógicos integran el orden constitucional de un país, porque ellos preexisten a toda ley positiva, debido a una “razón antológica”, en el cual el ordenamiento jurídico se ha limitado a reconocerlo, positivizándolo (3). Imponer a la magistratura que otorgue claras y convincentes razones de lo que decide, y no sólo que invoque la existencia de una norma legal que atienda en derecho positivo la respuesta brindada, ES TAMBIÉN RECORDARLE EN CADA MOMENTO QUE EN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL NO OSTENTAN PODER SOBERANO ALGUNO, SINO QUE POSEEN EL DEL SÚBDITO, Y QUE SI BIEN LOS JUECES NO NECESITAN AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR, UNA VEZ QUE LO HAN HECHO DEBEN DAR LOS MOTIVOS DE TAL REALIZACIÓN (4).

 

                        LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO

 

Artículo 106.-      DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLI CO

 

                    Ningún funcionario o empleado público está exento de res ponsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que  cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto.

 

 

Una de las obligaciones legales impuestas al funcionario es respetar la Constitución, lo que incluye los derechos individuales allí establecidos y los derechos humanos. El funcionario que viola un derecho establecido en la Constitución y los tratados viola con ello la Constitución y los pactos. Cumple de esa manera en forma irregular sus obligaciones legales (ejerce irregularmente su cargo), debe por lo tanto ser responsable

 

 La indemnización será en tales casos ya por el daño moral cometido, ya por el perjuicio económico, cuando exista; y puede también considerarse pertinente —de legeferenda— los exemplary damages, es decir, un aumento de la indemnización a título de castigo civil, de acuerdo a la importancia del bien jurídico protegido o a la negligencia o malicia demostrada en la producción del daño jurídico.

 

Dentro del “cumplimiento de las obligaciones legales” se encuentra asimismo y por sobre todo la Constitución y los derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, por lo que también la violación de estos es una transgresión de las obligaciones legales impuestas al funcionario. Ello es así porque el Código Civil, por su época, tomaba la clásica referencia a la ley como principal fuente normativa, pero es obvio que a comienzos del siglo XXI ese concepto es extensivo a todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional y sus valores y principios.

Cabe destacar que es frecuente que los funcionarios entiendan equivocadamente que su primera obligación del cargo es cumplir las normas reglamentarias más inmediatas, más pequeñas, de menor autoridad pero de la autoridad más próxima a ellos, y no tengan muy presente lo que disponen las leyes a las cuales le deben más obediencia que a las órdenes y los reglamentos. Mucho menos entonces a lo que dice la Constitución. Jamás lo que disponen los tratados internacionales de derechos humanos, contra la corrupción, etc. A veces le pasa lo mismo hasta a los jueces en sus sentencias. (quienes se escudan con: rechazo in limine de la acción de amparo, acto de gobierno, falta de legitimación activa, discrecionalidadadministrativa, falta de daño irreparable, etc.)

 

RECORDEMOS, AL MENOS, QUE LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS AGENTES DEL ESTADO LO ES A LA PIRÁMIDE JURÍDICA, EMPEZANDO POR SU CÚSPIDE ACTUAL LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS INTERNACIONALES (DE ELLOS, EN PRIMER LUGAR LOS DE DERECHOS HUMANOS Y EL DE LA CORRUPCIÓN), SIGUIENDO POR LAS LEYES Y RECIÉN AL FINAL Y EN EL ÚLTIMO ESCALÓN LLEGANDO A LA PEQUEÑA NORMA REGLAMENTARIA DE LA CUAL SE QUIERE ALIMENTAR LA ADMINISTRACIÓN, A VECES EXCLUSIVAMENTE.

 

Mientras tanto la sociedad no hace nada para cambiar esas pervertidas pautas en que vale más una orden que un reglamento, éste que una ley, también un decreto más que una ley, una ley mas que los tratados internacionales y más que la Constitución. Esa es la administración paralela llevado al paroxismo, o el sistema del “oficial de compañía” a nivel nacional en vez de ESTADO DE DERECHO consagrado por la REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 Y SU CONSTITUCION DEL 20 DE JUNIO DE 1992.

 

EL AUTO INTERLOCUTORIO

 

            Que el a-quo en sus considerandos cita el Delito de Violación del Orden Constitucional contemplado en el art. 137 obviando el CODIGO PENAL que penaliza dicha conducta por expreso mandato del mismo artículo constitucional, alegado por el Denunciante por la violación del art. 33 CN que no es otra cosa que el artículo constitucional que GARANTIZA “LA LIBERTAD PÚBLICA”.———————————————————————

            Que la garantía de la LIBERTAD PUBLICA establece que “LA CONDUCTA DE LOS CIUDADANOS QUE NO AFECTAN DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PUBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY ESTA EXENTA DE LA AUTORIDAD PUBLICA”.————————————————–

            Que la ley mayor es la Constitución de modo que al mandar esta que la INTIMIDAD ES INVIOLABLE, ninguna ley inferior la puede modificar.——

            Que se equivoca el a-quo al adjudicar a la voluntad de la víctima la constitución y garantía de los derechos fundamentales que son :

a.2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son LA LIBERTAD, LAPROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y LA RESISTENCIA A LA OPRESION.——————————————————————————————

Que en realidad fueron los Constituyentes electos en 1991, los que por mandato del pueblo paraguayo lo constituyeron.——————————–

Que estos errores de apreciación de los hechos  del a-quo probablemente se deben a la situación de dependencia en que su función lo coloca y no le permite admitir que pueden existir otros ciudadanos libres y soberanos para los cuales la LIBERTAD es un derecho natural y fundamental  protegido por la Constitución y cuyos únicos límites son el no afectar derechos de terceros en su ejercicio. El uso o no del cinto de seguridad está comprendido dentro de las conductas que no afectan derechos de terceros por tanto esta conducta está incursa dentro del derecho fundamental LA LIBERTAD. Es el ciudadano libre el único que puede decidir el uso o no de dicho adminiculo.—————————————–

Que continuando con su análisis cita las argumentaciones del Agente Fiscal que también obvia el art. 269 del Código Penal que como hemos demostrado es prácticamente una copia del Art. 137 que califica como delito la violación del Orden Constitucional. Este, habiendo obviado la protección de la Garantía Constitucional se complica en la comisión del Delito contra el Orden Constitucional al admitir “Que, por otra parte tampoco se evidencian actos ostensibles del denunciado que evidencian hecho punible o conducta típica, ya que el inspector de tránsito cuenta con la facultad de cumplir y hacer cumplir con las normas de tránsito, las cuales no contrarian la Carta Magna, Ley Suprema de la Nación”. Evidentemente el Agente Fiscal por su condición de dependiente desconoce al igual que el a-quo  la existencia de ciudadanos LIBRES Y SOBERANOS en el Paraguay, a los cuales la LIBERTAD se les presenta como el aire que respiran y que necesitan de la efectividad de la GARANTIA CONSTITUCIONAL DE SU DERECHO y tal como lo hemos demostrado los funcionarios dependientes del Estado deben cumplir con su deber y Una de las obligaciones legales impuestas al funcionario es respetar la Constitución, lo que incluye los derechos individuales allí establecidos y los derechos humanos. El funcionario que viola un derecho establecido en la Constitución y los tratados viola con ello la Constitución y los pactos. Cumple de esa manera en forma irregular sus obligaciones legales (ejerce irregularmente su cargo), debe por lo tanto ser responsable” “Recordemos, al menos, que la responsabilidad de todos los agentes del Estado lo es a la pirámide jurídica, empezando por su cúspide actual la Constitución, los tratados internacionales (de ellos, en primer lugar los de derechos humanos y el de la corrupción), siguiendo por las leyes y recién al final y en el último escalón llegando a la pequeña norma reglamentaria de la cual se quiere alimentar la administración, a veces exclusivamente.”———————————————————————————-

Que el a-quo finalmente al no poder comprender que los ciudadanos libres tenemos un campo grandioso EXENTO DE LA AUTORIDAD PUBLICA a nuestra disposición, explicita toda su ignorancia al expresar “De lo expuesto por el agente fiscal, se constata que la sanción administrativa impuesta al mismo, se ampara en disposiciones legales y que ningún ciudadano puede solicitar permiso legal para infringir la ley, a la cual todo ciudadano esta obligado.”  La ignorancia  de que su responsabilidad como agente del Estado al igual que el Agente Fiscal lo es a la Pirámide Jurídica, lo complica también en la comisión del delito de Violación del Orden Constitucional y la prueba es el AI N° 868.————————————————

Que habiéndose consumado el Delito con la Sentencia del Juez de Faltas Municipales de la Municipalidad de Asunción, y el cobro de la Multa solicito la agregación de dichas pruebas.————————————————-

Que el Agente Fiscal incurre en responsabilidad por mal desempeño de funciones al desacatar el Art. 41 de la ley que les rige, y la prueba es el escrito de desestimación de la denuncia.————————————————-

Que a pesar de la dependencia en que los tiene la función pública, APELO AL HOMBRE LIBRE EN QUE V.V.E.E. SE CONVIERTEN DESDE LAS 13 HORAS HASTA LAS SIETE DE LA MAÑANA, y les solicito que admitan mi denuncia y me saquen de la condición de víctima y me conviertan en EL HOMBRE LIBRE que EL ESTADO DE DERECHO ME GARANTIZA.————–

Que en el año 1968 en plena Dictadura, un Juez con los de entrepierna bien puestos, me concedió un AMPARO CONSTITUCIONAL con el objeto de mantener LA MELENA ante el arbitrio de la Policía que los cortaba en la famosa OPERACIÓN TIJERA. Que vejamen sería para la actual Administración de Justicia que en pleno ESTADO DE DERECHO no se respeten las GARANTIAS CONSTITUCIONALES y en vez de HOMBRES LIBRES tengamos HOMBRES SOMETIDOS Y PRESOS DE UN CINTO DE SEGURIDAD, CASCO, CHALECO REFLECTIVO Y OTRAS ARBITRARIEDADES QUE MATAN LA LIBERTAD Y SU CADAVER LO CONVIERTEN EN PLENO PALACIO DE JUSTICIA EN “persona innominada”

Que como hombre libre y soberano, Art. 2, 9, 33, 137 CN, tengo derecho a decidir el USO O NO DEL CINTO DE SEGURIDAD, y esta CONDUCTA QUE NO AFECTA DERECHOS DE TERCEROS NI LA CONSTITUCION O LEY PRIMERA,  ESTA EXENTA DE LA AUTORIDAD PUBLICA, mal podría entonces una ORDENANZA MUNICIPAL obligarme VIA MULTA al uso del mismo.—————————————————————–

Que el art 137 CALIFICA COMO DELITO la VIOLACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, es decir la PIRAMIDE DE KELSEN,  o lo que se conoce como la prelación de LEYES.——————————————————————

Que el art. 269 del CODIGO PENAL, cumple con el mandato del art. 137 de Castigar el Delito de VIOLACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL.—

Que es evidente que EL HECHO DE OBLIGAR AL CIUDADANO Y SOBERANO PARAGUAYO A USAR EL CINTO DE SEGURIDAD POR ORDENANZA MUNICIPAL O RESOLUCION DEL MOPC DEBE SUBSUMIRSE EN EL ART. 137 CN Y 269 DEL CODIGO PENAL para castigar a los AUTORES, COMPLICES Y ENCUBRIDORES DEL DELITO.————————-

Que ante LA IGNORANCIA de los responsables del Juzgado de Faltas, del Ministerio Público y el Juzgado de Garantías, debe investigarse otros hechos punibles cometidos por los mismos Recordemos, al menos, que la responsabilidad de todos los agentes del Estado lo es a la pirámide jurídica, empezando por su cúspide actual la Constitución, los tratados internacionales (de ellos, en primer lugar los de derechos humanos y el de la corrupción), siguiendo por las leyes y recién al final y en el último escalón llegando a la pequeña norma reglamentaria de la cual se quiere alimentar la administración, a veces exclusivamente ——————————–

PETITORIO

POR TANTO atento a las consideraciones que anteceden y a los hechos y derechos expuestos a V.V.E.E. peticiono:————————————————-

1.- Tenerme por presentado en el carácter invocado y constituido mi domicilio en el lugar señalado.—————————————————————-

2.-  Declarar la ADMISIBILIDAD  del presente recurso por ser un derecho de la víctima conforme con el Art. 68 num, 5°, en concordancia con el in fine del art 306, ambos del Código Penal y haberlo presentado en tiempo y forma.—————————————————————————————————

3.- PREVIOS LOS TRAMITES de rigor, hacer lugar a la REVOCACION  del A.I. N° 868 dictado por el Juez Penal de Garantías n° 9  Abog MARIA GRISELDA CABALLERO y refrendada por su Secretario Vicente A. Rodríguez A.—————————————————————————————–

4.- ORDENAR en consecuencia la prosecución del procedimiento con otro fiscal, y la inclusión dentro de  la carpeta fiscal las pruebas que incriminan a los cómplices y encubridores del PMT Francisco Ortiz, citados en la presente apelación.——————————————————————————–

            PROVEER DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, y HARAN JUSTICIA.

 

 

BILL EUGENIO RAFAEL SAMUDIO BAZAN

AI229-TAPSS (LA SENTENCIA ARBITRARIA DEL TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL SEGUNDA SALA 6-11-2012)

CASACION1(FUNDAMENTOS DE LA CASACION DEL A.I. 229 DEL TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL SEGUNDA SALA 12-11-2012)

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EDICION IMPRESA | Lunes, 26 de Noviembre de 2012

Justicia confirma que es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad

Bill Eugenio Rafael Samudio Bazán había reclamado judicialmente su derecho a que no le obliguen a usar el cinturón. Dice que violaba su libertad y denunció al agente de tránsito, a la jueza de Faltas de la Comuna.
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, confirmó la desestimación de la denuncia del topógrafo Bill Eugenio Rafael Samudio Bazán, contra un agente de tránsito y la jueza de Faltas de la Municipalidad de Asunción, porque le obligaron a usar el cinturón de seguridad.El mismo señalaba que luchaba por la libertad y tenía derecho a elegir si quería o no usar el cinturón de seguridad, por lo que acudió a la justicia por hacer valer este derecho.

Los camaristas Delio Vera Navarro, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández confirmaron el fallo de la jueza de Garantías, María Gricelda Caballero, que desestimó la causa a pedido del fiscal Luis Clyde Muniagurria.

EL CASO. El topógrafo fue multado el 3 de julio pasado con G. 255.112, por un agente municipal, porque no usó el cinturón de seguridad al conducir su vehículo. Apeló ante la jueza de Faltas de la Comuna de Asunción, que ratificó la sanción.

Con toda esta situación, Samudio denunció ante el fiscal Muniagurria al policía de tránsito Francisco Ortiz, la jueza de Faltas, Rita García Aguayo y a su secretario Daniel Casco, por el delito de violación del orden constitucional.

Dice que la conducta que no afecta a terceros está exenta de la autoridad pública. En este caso, el no usar su cinturón de seguridad no afecta a terceros, por lo que no puede ser legislado, afirma. Con ello, planteó la denuncia.

ARGUMENTO. “Estamos en democracia, donde la libertad es el principal factor de sobrevivencia y te exigen con multa colocarte el cinto de seguridad. Esta es tu libertad, no le afectás a terceros por no ponerte el cinto de seguridad”, refería en una entrevista.

“Si te chocan y te morís, es tu culpa. No te pusiste gua′u el cinto. A veces porque te ponés el cinto, morís. Entonces vos sos el culpable de haberte puesto el cinto”, remarcaba el accionante.

APELACIÓN. Los camaristas Delio Vera, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández analizaron el caso. Indicaron que era admisible el recurso, del accionante.

Además, refirieron que si bien el accionante hacía una extensa reflexión sobre “la libertad”, por parte de filósofos comparándolas con normas de la Carta Magna, habla concretamente de que se viola la Constitución, específicamente en su artículo 33.

Los camaristas dicen que “si bien es cierto que toda persona es libre de decidir que conducta realizará sean estas acciones u omisiones, debe cuidar que su acción u omisión no esté subsumida o comprendida dentro del tipo legal descripto como un hecho penalmente sancionado”.

Afirman que la conducta denunciada por el apelante de ser obligado a usar el cinturón de seguridad, por un agente de tránsito y ser multado, no reúne las condiciones a de la conducta descrita como atentado contra la existencia del Estado. Alegan que el fiscal está autorizado a perseguir los hechos punibles, y con ello, dice que el hecho no constituye hecho punible. Dicen que el fallo de la jueza se ajusta a derecho y lo confirman.

AHORA ACUDE A LA CORTE SUPREMA POR LA CAUSA

Ante la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, Bill Samudio Bazán planteó un recurso extraordinario de casación contra el fallo que ratificó la desestimación de su denuncia.

Afirma que recurre a la Corte porque “constituir esta sentencia una aberración jurídica que constituye una afrenta para la víctima y un premio para el delincuente”.

El mismo Samudio Bazán remarca del fallo que “el preopinante también comete error de logicidad al pretender que el Art. 269 del Código Penal, que penaliza la violación del orden constitucional por mandato constitucional, para garantizar la libertad no es aplicable al caso”.

Con ello, incluso solicita que los camaristas Delio Vera, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández, también sean incursos en complicidad con el agente de la Policía Municipal de tránsito.

Acusa también al fiscal Muniagurria, a la jueza Caballero y a su secretario. Refiere que son violadores de la libertad y que el caso debe ser anulado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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